El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ha dado orden de que, a partir de este lunes, el subsidio para parados mayores de 55 años se deje de cobrar cuando el perceptor llegue a los 61 años de edad. Es la forma que tiene de interpretar el decreto del Gobierno que obliga a los perceptores de esta ayuda a jubilarse en cuanto puedan. La edad más temprana de jubilación anticipada es precisamente de 61 años, pero no todo el mundo cumple los requisitos para retirarse a esa edad, así que la orden del ministerio puede dejar a perceptores de este subsidio sin ayuda y sin jubilación.

La instrucción del SPEE dice que la edad de jubilación temprana a la que se obligará a retirarse a los perceptores de este subsidio será "la que figure en el certificado emitido por el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social], en los casos en que esta fecha conste". Pero a continuación pasa a admitir que "esta edad de acceso a la jubilación no puede ser determinada en la mayoría de los casos", para terminar dando con una solución que corta por lo sano: si no se puede determinar la fecha de jubilación temprana que al sujeto en cuestión le correspondería por la carrera que ha hecho "se pondrá como fecha final del derecho aquella en la que el trabajador cumpla la edad de 61 años".

Pero para poder retirarse a los 61 años de edad hay que tener 33 años cotizados, así que cabe la posibilidad de que haya gente a la que se retire automáticamente el subsidio y a la vez no pueda acceder a la jubilación. Estas personas quedarían en una suerte de tierra de nadie, y tendrían que hacer las pertinentes gestiones ante el INSS para demostrar que tienen derecho a seguir percibiendo el subsidio hasta que lleguen a la edad a la que puedan jubilarse. Una situación que no se toma en consideración en la circular del SPEE, pero que ha irritado a los sindicatos.

Afecta a los nuevos solicitantes

Comisiones Obreras ha emitido un comunicado este fin de semana en el que reprocha al Gobierno el "castigar a la parte más vulnerable de la ciudadanía". "Una vez más, haciendo valer la máxima de en caso de duda, se deniega, se decide sin criterio en contra de los parados. Existen muchos demandantes a quienes no se les podrá aplicar la jubilación voluntaria anticipada. Por ello, resulta arbitrario establecer con carácter general la finalización del subsidio a los 61 años", dice el texto del sindicato.

La orden del Servicio de Empleo explicita que este procedimiento se empezará a aplicar a los que pidan el subsidio a partir de este lunes, así que los actuales perceptores de la ayuda no tienen en principio nada que temer. En todo caso, la orden recuerda que estas instrucciones son provisionales y se están elaborando unas definitivas en la que "se darán las oportunas pautas de actuación tanto con los subsidios ya reconocidos como con la posibilidad de cambio de oficio de las fechas finales ya grabadas", así que no es descartable que los actuales perceptores vean también modificadas sus condiciones.

Un subsidio muy reformado

El Gobierno ha endurecido en los últimos meses tanto los requisitos para acceder al subsidio como las condiciones con las que un trabajador se puede acoger a la jubilación anticipada; en ambos casos, aunque no se explicite así, con la finalidad de ahorrar gasto en prestaciones. La propia ministra de Empleo cifró en un 20% el porcentaje de potenciales perceptores del subsidio de 55 años que no podrán acceder a él con los cambios en las exigencias para cobrarlo que se implementaron el pasado mes de marzo.

Los últimos datos disponibles sobre este subsidio son precisamente de marzo: entonces, lo estaban cobrando 381.900 personas. Según el ministerio de Empleo, unas 7.000 personas al mes solicitan este subsidio, que supone una ayuda de 426 euros mensuales para aquellos parados mayores de 55 años que hayan agotado el resto de prestaciones y ayudas. Fuentes de Empleo dicen que esta orden del SPEE no supondrá que nadie que tenga derecho al subsidio se quedará sin él, aunque no han dado una explicación convincente de por qué se adopta esta medida que, en definitiva, supone cargar más trámites sobre el afectado.